12 de abril de 2013

EL AVANCE K SOBRE LA JUSTICIA: LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRO PACTO BÁSICO DE CONVIVENCIA.


Hace unos días la Presidente mandó al Congreso un paquete de reformas al Poder Judicial. Esas reformas fueron enviadas bajo el lema engañoso de “democratización de la justicia”. Enredado entre otras propuestas, dentro de esas modificaciones se pretende la desnaturalización del poder judicial tal y como lo conocemos y con ello, no sólo se puja desde el oficialismo para la transformación del mismo, sino que se cambia nuestra forma de Estado: la República.
La República implica que el poder SIEMPRE reside en la soberanía popular, pero descansa representado en el Estado de manera DIVIDIDA en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La naturaleza de los dos primeros es eminentemente política, los elegimos por voto popular. El tercer poder no. ¿Hace ello al poder judicial no democrático? ¿Qué es “democratizar” en este caso?
El bastardeo de los vocablos, si nos animamos a realizar un mínimo esfuerzo de correr el velo de la charlatanería, desnuda la verdadera intención del kirchnerismo.
Hay intención y acción de realizar un golpe institucional que modifique el régimen político expresado en nuestra Constitución Nacional, que no es más que el contrato de convivencia de todos los argentinos.
No hay error. A esta altura, los que pretendan hablar de posiciones erróneas profesan una ingenuidad cómplice con la realidad que nos toca vivir.
El primer acto de rechazo al proyecto de reforma judicial debe pasar por no aceptar el lenguaje mentiroso del poder, esto es, lo que el Congreso se apresta a rubricar a libro cerrado es un golpe institucional; es la expresión en los hechos, de cambio de régimen político.
El Poder Judicial tiene una misión fundamental: es el contrapeso al poder eminentemente político y su función es la de proteger a los ciudadanos para evitar abusos, es guardián de la Constitución, garante de los derechos y la vigencia misma de aquella. Aún con todas sus falencias, es el único resguardo que tenemos los hombres y mujeres donde impera la vieja fórmula que tantas luchas y sangre costó a la humanidad: la igualdad ante la ley.
Precisamente por ello carece de la exigencia de la legitimidad de origen del voto popular, porque se busca su no politización y partidización, y a su vez no tiene el requisito de la temporalidad limitada de su ejercicio. Si se quiere, adrede la Constitución, elige un régimen político que contempla un órgano con características más conservadoras como mejor herramienta para defender a los ciudadanos de los abusos del poder.
¿Qué es lo que se pretende con el presente proyecto de apropiación de la justicia? Cambiar su naturaleza, modificar el espíritu de la Constitución, la de 1853 y la de la reforma de 1994 que incorpora el Consejo de la Magistratura para garantizar la independencia del poder judicial.
¿Qué hace el Consejo de la Magistratura, órgano constitucional que forma parte del Poder Judicial? Pues tiene la potestad de seleccionar y destituir a los jueces de la Nación.
¿Qué se quiere hacer? Modificar su composición, su forma de elección y su forma de funcionamiento.
¿Para qué? Para apropiarse definitivamente del Poder Judicial borrando cualquier residuo de independencia del poder político.
Se pretende someter a elección a todos sus integrantes, cuando siendo un órgano compuesto por distintos estamentos, la forma de selección de cada uno de ellos es, por supuesto, distinta; pero no sólo ello, si decimos que lo que la Constitución determina es un Poder Judicial independiente, no politizado y no partidizado, lo que se está haciendo es obligando a los jueces a ser candidatos por los Partidos Políticos. Un absurdo inconstitucional.
Por otra parte, se modifica la manera en que se toman las decisiones. En la actualidad por ejemplo para destituir jueces se requieren los dos tercios de los votos de los integrantes del Consejo de la Magistratura, lo que impide que una mayoría oficialista saque arbitrariamente jueces.
Con el proyecto de apropiación de la justicia, se baja este requisito decisional a la mayoría absoluta, esto es, se necesitarán menos votos para ello, y el sistema ideado garantiza que el gobierno detente esa mayoría. Se asegura a su vez que la justicia dependerá del poder político de turno al establecer que los consejeros se elegirán cuando se elija Presidente de la Nación.
Entiéndase bien: están proponiendo que renunciemos como sociedad al acuerdo obligadamente consensuado respecto de  quienes administrarán justicia para suplantar ese pacto básico de convivencia por un mecanismo de designación de jueces que pondrá a los mismos al servicio caprichoso de cualquiera que nos gobierne de aquí en el futuro.
Así, bajo ese sistema, nadie puede asegurar que habrá un Juez que se anime a investigar un hecho de corrupción o a declarar la inconstitucionalidad de una ley que afecte derechos de los habitantes, cuando su permanencia depende exclusivamente de una mayoría electoral circunstancial.
Podríamos hablar también de las medidas cautelares, que se limitan en el tiempo, limitando también los derechos de los habitantes reconocidos en nuestra constitución, medida retrógrada si las hay. Porque las medidas cautelares no son más que herramientas que tienen los ciudadanos para protegerse del Estado cuando ven amenazados sus derechos.
En definitiva, el proyecto de apropiación de la justicia implica un cambio de régimen político, es inconstitucional, no democrático, cercena derechos de los habitantes y es un ensayo más para profundizar el vamos por todo.
La democracia es un pacto social que implica mucho más que la voluntad de las  mayorías electorales circunstanciales. Es un estilo de vida donde aún aquel diferente entre los diferentes tiene asegurado sus derechos y su libertad. Cuando las medidas de gobierno conllevan a romper ese significado el término “democratizar” tiraniza. Está demás decir que bajo el lema engañoso de las mayorías se han hecho cosas terribles, basta nomás repasar sus consecuencias históricas.
No se trata acá de una cuestión de radicales o peronistas, o de “institucionalistas”, se trata de si los argentinos aceptamos seguir retrocediendo o no.
Me niego a aceptar una Argentina donde el ejercicio del poder implique un cheque en blanco, donde no exista la conciencia de que un país se conforma de todos sus habitantes sin distinción.
La Constitución Nacional, estableció un régimen político que contenga a todos, en la conciencia que una Nación se conforma de personas que son distintas entre sí pero necesitan causas que las unan y reglas que las ordenen. Hoy impera el autoritarismo patoteril, el macartismo político, y el poder sin límites. No hay construcción posible de la convivencia desde allí. Eso es lo que se juega ante el Proyecto de Apropiación de la Justicia que pretende imponer el Gobierno Nacional.