Hace unos días la Presidente mandó al Congreso un paquete de
reformas al Poder Judicial. Esas reformas fueron enviadas bajo el lema engañoso
de “democratización de la justicia”. Enredado entre otras propuestas, dentro de
esas modificaciones se pretende la desnaturalización del poder judicial tal y
como lo conocemos y con ello, no sólo se puja desde el oficialismo para la
transformación del mismo, sino que se cambia nuestra forma de Estado: la
República.
La República implica que el poder SIEMPRE reside en la
soberanía popular, pero descansa representado en el Estado de manera DIVIDIDA
en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La naturaleza de
los dos primeros es eminentemente política, los elegimos por voto popular. El
tercer poder no. ¿Hace ello al poder judicial no democrático? ¿Qué es
“democratizar” en este caso?
El bastardeo de los
vocablos, si nos animamos a realizar un mínimo esfuerzo de correr el velo de la
charlatanería, desnuda la verdadera intención del kirchnerismo.
Hay intención y acción
de realizar un golpe institucional que modifique el régimen político expresado
en nuestra Constitución Nacional, que no es más que el contrato de convivencia
de todos los argentinos.
No hay error. A esta altura, los que pretendan hablar de
posiciones erróneas profesan una ingenuidad cómplice con la realidad que nos
toca vivir.
El primer acto de rechazo al proyecto de reforma judicial
debe pasar por no aceptar el lenguaje mentiroso del poder, esto es, lo que el Congreso se apresta a rubricar a
libro cerrado es un golpe institucional; es la expresión en los hechos, de
cambio de régimen político.
El Poder Judicial tiene una misión fundamental: es el
contrapeso al poder eminentemente político y su función es la de proteger a los
ciudadanos para evitar abusos, es guardián de la Constitución, garante de los
derechos y la vigencia misma de aquella. Aún con todas sus falencias, es el
único resguardo que tenemos los hombres y mujeres donde impera la vieja fórmula
que tantas luchas y sangre costó a la humanidad: la igualdad ante la ley.
Precisamente por ello carece de la exigencia de la legitimidad
de origen del voto popular, porque se busca su no politización y partidización,
y a su vez no tiene el requisito de la temporalidad limitada de su ejercicio.
Si se quiere, adrede la Constitución, elige un régimen político que contempla
un órgano con características más conservadoras como mejor herramienta para
defender a los ciudadanos de los abusos del poder.
¿Qué es lo que se
pretende con el presente proyecto de apropiación de la justicia? Cambiar su naturaleza, modificar el
espíritu de la Constitución, la de 1853 y la de la reforma de 1994 que
incorpora el Consejo de la Magistratura para garantizar la independencia del
poder judicial.
¿Qué hace el Consejo de
la Magistratura, órgano constitucional que forma parte del Poder Judicial? Pues tiene la potestad de
seleccionar y destituir a los jueces de la Nación.
¿Qué se quiere hacer? Modificar su composición, su forma
de elección y su forma de funcionamiento.
¿Para qué? Para apropiarse definitivamente del
Poder Judicial borrando cualquier residuo de independencia del poder político.
Se pretende someter a elección a todos sus integrantes,
cuando siendo un órgano compuesto por distintos estamentos, la forma de
selección de cada uno de ellos es, por supuesto, distinta; pero no sólo ello,
si decimos que lo que la Constitución determina es un Poder Judicial
independiente, no politizado y no partidizado, lo que se está haciendo es
obligando a los jueces a ser candidatos por los Partidos Políticos. Un absurdo
inconstitucional.
Por otra parte, se modifica la manera en que se toman las
decisiones. En la actualidad por ejemplo para destituir jueces se requieren los
dos tercios de los votos de los integrantes del Consejo de la Magistratura, lo
que impide que una mayoría oficialista saque arbitrariamente jueces.
Con el proyecto de apropiación de la justicia, se baja este
requisito decisional a la mayoría absoluta, esto es, se necesitarán menos votos
para ello, y el sistema ideado garantiza que el gobierno detente esa mayoría. Se
asegura a su vez que la justicia dependerá del poder político de turno al
establecer que los consejeros se elegirán cuando se elija Presidente de la
Nación.
Entiéndase bien: están proponiendo que renunciemos como
sociedad al acuerdo obligadamente consensuado respecto de quienes administrarán justicia para suplantar
ese pacto básico de convivencia por un mecanismo de designación de jueces que
pondrá a los mismos al servicio caprichoso de cualquiera que nos gobierne de
aquí en el futuro.
Así, bajo ese sistema,
nadie puede asegurar que habrá un Juez que se anime a investigar un hecho de
corrupción o a declarar la inconstitucionalidad de una ley que afecte derechos
de los habitantes, cuando su permanencia depende exclusivamente de una mayoría
electoral circunstancial.
Podríamos hablar también de las medidas cautelares, que se
limitan en el tiempo, limitando también los derechos de los habitantes
reconocidos en nuestra constitución, medida retrógrada si las hay. Porque las
medidas cautelares no son más que herramientas que tienen los ciudadanos para
protegerse del Estado cuando ven amenazados sus derechos.
En definitiva, el
proyecto de apropiación de la justicia implica un cambio de régimen político,
es inconstitucional, no democrático, cercena derechos de los habitantes y es un
ensayo más para profundizar el vamos por todo.
La democracia es un pacto social que implica mucho más que la
voluntad de las mayorías electorales
circunstanciales. Es un estilo de vida donde aún aquel diferente entre los
diferentes tiene asegurado sus derechos y su libertad. Cuando las medidas de
gobierno conllevan a romper ese significado el término “democratizar” tiraniza.
Está demás decir que bajo el lema engañoso de las mayorías se han hecho cosas
terribles, basta nomás repasar sus consecuencias históricas.
No se trata acá de una cuestión de radicales o peronistas, o
de “institucionalistas”, se trata de si los argentinos aceptamos seguir
retrocediendo o no.
Me niego a aceptar una Argentina donde el ejercicio del poder
implique un cheque en blanco, donde no exista la conciencia de que un país se
conforma de todos sus habitantes sin distinción.
La Constitución Nacional,
estableció un régimen político que contenga a todos, en la conciencia que una
Nación se conforma de personas que son distintas entre sí pero necesitan causas
que las unan y reglas que las ordenen. Hoy impera el autoritarismo patoteril,
el macartismo político, y el poder sin límites. No hay construcción posible de
la convivencia desde allí. Eso es lo que se juega ante el Proyecto de
Apropiación de la Justicia que pretende imponer el Gobierno Nacional.